Ramallah (UNA/WAFA) – El Gabinete palestino pidió una acción internacional efectiva para obligar a la ocupación a detener los ataques de bandas de colonos contra ciudadanos en decenas de pueblos y ciudades palestinas, especialmente en la llamada “Zona C”, que atacó específicamente a recolectores de aceitunas y periodistas.
Durante su reunión semanal del martes, el Gabinete advirtió contra la expansión de los planes de ocupación en la ciudad de Jerusalén, incluyendo: decisiones de evacuar las casas de los ciudadanos en el barrio de Batn al-Hawa en Silwan, además de endurecer las medidas para sitiar la ciudad de Jerusalén, restringir las escuelas y obstruir el movimiento de los ciudadanos a través de unos 80 puestos de control y puertas, pidiendo una acción árabe, islámica e internacional efectiva para detener estas medidas israelíes ilegales.
El primer ministro palestino, Mohammad Mustafa, inauguró la sesión explicando los esfuerzos y acciones políticas y diplomáticas emprendidas por el presidente Mahmoud Abbas, el gobierno y el cuerpo diplomático para plasmar las instituciones del Estado de Palestina y la unidad de su territorio en Cisjordania, incluida Jerusalén, y Gaza.
El Gabinete palestino condenó la votación en primera lectura de la Knéset israelí sobre una ley para ejecutar a prisioneros palestinos. También abordó la difícil situación económica y financiera derivada de la continua retención por parte de la ocupación de los fondos destinados a la liberación de prisioneros y la interrupción total de su transferencia durante los últimos seis meses, fondos que desde 2019 se han acumulado hasta superar los 13 mil millones de séqueles en la actualidad.
Discutieron la adopción de medidas adicionales para hacer frente a la crisis actual, incluyendo el encargo al Comité Económico Ministerial y al Equipo Nacional Antidumping de reforzar los procedimientos para prevenir el dumping de productos extranjeros, así como de productos de bajo valor, de manera que contribuya a apoyar el producto nacional, además de establecer parámetros y realizar las revisiones necesarias para garantizar que las distintas partes cumplan con la aplicación del Acuerdo Económico de París, incluyendo la transferencia de los ingresos fiscales pertenecientes al gobierno palestino.
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